El desafío de brindar a la ciudadanía el “Acceso a Justicia” exige nuestro máximo esfuerzo y el trabajo coordinado de jueces y funcionarios a fin de lograr de las diversas áreas judiciales eficiencia y eficacia a la altura de los requerimientos.
Para ello se han delineado distintas acciones con distintas articulaciones de modo de atender de la manera más temprana y oportuna cualquier tipo de problemática y establecer redes de atención integral dentro y fuera del ámbito jurisdiccional en la provincia.
De tal modo, podemos decir que el Acceso a Justicia es el principio esencial de todo sistema jurídico e implica no solamente que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos, sino además, que sus conflictos sean atendidos adecuada y oportunamente. Es un derecho fundamental en una sociedad democrática y es un deber del Estado asegurarlo. Por tanto, el Superior Tribunal del Poder Judicial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, incluye, propicia y ha definido en sus políticas públicas la existencia de otras áreas y servicios a la actividad jurisdiccional que desarrolla.
El acceso a justicia presenta varios obstáculos que se intensifican en el caso de los sectores de menos recursos y vulnerabilidad social. En general las personas en situación de vulnerabilidad no conocen suficientemente los derechos que las asisten ni los mecanismos institucionales para hacerlos valer.
En muchos casos el costo elevado de la defensa particular, la escasez de centros de asistencia jurídica gratuita, los recursos jurídicos alejados de las zonas marginadas; y los procesos judiciales costosos, complejos y extensos, comportan una dificultad en el acceso a justicia y una demora o insatisfacción permanente.
Ante esto, las políticas judiciales tendientes a garantizar el acceso a justicia de las poblaciones más vulnerables, se centran en ofrecer a la ciudadanía una variedad de formas de gestión de conflictos con el objeto de que se puedan encontrar vías de tratamiento lo más tempranamente posible.