“Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) c/ Municipalidad de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande s/ Acción Meramente Declarativa” EXPTE Nº 3424/16 STJ-SDO.
Tema:  ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA. Sentencia de Fecha:12-12-2017.
La Administración de Recaudación Fueguina (AREF) inicia una acción de declaración de certeza, a fin disipar la incertidumbre legal sobre la distribución y el ejercicio de las facultades tributarias entre la Provincia y las Municipalidades, en lo que respecta al Impuesto inmobiliario. La posición del Ejecutivo Provincial es que la Carta Magna provincial y la Ley provincial 1075, la erigen como autoridad de aplicación. En virtud de la competencia originaria que detenta el Superior Tribunal de Justicia Provincial, resuelve la acción declarativa de certeza, reconociendo a la provincia de Tierra del Fuego la titularidad de la potestad tributaria sobre el impuesto inmobiliario urbano. Entre sus fundamentos expresa que es la propia Constitución Nacional, la que establece la distribución de competencias, y la autonomía fiscal de las provincias, teniendo estas la facultad exclusiva y permanente de establecer los impuestos directos, en el caso el inmobiliario urbano. Destaca que la Constitución Provincial reconoce la autonomía municipal en forma plena, pero no delega expresamente la facultad de percibir el impuesto antes dicho.

«Hernández, Gustavo Alberto y Otros c/ Municipalidad de Ushuaia s/ Medida Autosatisfactiva» EXPTE Nº 3415/16 STJ-SDO.
Tema: MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS. Sentencia de Fecha 07-07-2017.
En el presente caso, el máximo Tribunal provincial aborda el concepto de las medidas autosatisfactivas y los requisitos que deben poseer para su viabilidad, señalando su carácter excepcional y la necesidad de una fuerte probabilidad del derecho del demandante. Razón por la que se rechaza la solicitud de suspensión de una ordenanza municipal, argumentando que la participación ciudadana no es necesaria en asuntos fiscales. Se enfatiza que la protección constitucional se centra en la relación de consumo en oportunidad de la prestación de servicios públicos.