El Consejo de la Magistratura y la publicidad de sus actos

Ante las interpretaciones equivocas que se pudieran dar por la decisión de los integrantes del Consejo de la Magistratura de no permitir la transmisión “en vivo” –de la sesión desarrollada este jueves-, por parte de una emisora radial de la ciudad de Ushuaia, se aclara que en ningún momento se cercenó la presencia de periodistas, e incluso del móvil de la emisora que pudo presenciar las deliberaciones. Del mismo modo que lo hicieron otros trabajadores de prensa.

Cabe aclarar que el carácter público de la sesión fue dada por la invitación a los medios a través de gacetilla de prensa del Superior Tribunal de Justicia (que abarca al Consejo de la Magistratura).

A tal punto fue pública la sesión que de ello dan cuenta las vistas fotográficas publicadas en los medios de prensa.

En virtud de que una transmisión en vivo pueda tergiversar el habitual desenvolvimiento del órgano, influir o vulnerar la tranquilidad de ánimo del cuerpo, es potestad de los consejeros permitir o no esa emisión. Lo cual no implica clausurar la publicidad de sus actos.

A riesgo de redundancia el órgano garantiza la publicidad de sus actos, al ratificar el derecho a la información. No todo derecho es absoluto (así lo entienden los máximos interpretes de la Constitución Nacional) y son los consejeros quienes tienen la obligación de garantizar el normal desarrollo de la sesión.

En tal sentido, se advierte la necesidad de adecuar las relaciones entre los medios de comunicación y el órgano, mediante pautas que salvaguarden tanto la libertad de expresión, comunicación e información, en convergencia con el absoluto respeto a la función del Consejo y a la consecución de sus fines; esto es decisiones ajustadas a la verdad.

Hechos decisorios son adoptados con el fin de evitar que la publicidad de su quehacer no se transforme en un teatro, ni sus protagonistas en actores. Hecho que conspiraría contra el respeto que la Magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión y no en la exposición pública de quienes la llevan a cabo.